Adham Kako
13 Noviembre 2018•Actualizar: 14 Noviembre 2018
El régimen de Bashar al Assad en Siria, que obligó a millones de refugiados a abandonar sus hogares debido a la guerra, no renuncia a los esfuerzos de confiscar sus propiedades.
El régimen sirio se sometió a una importante enmienda en la Ley del 10 de abril que le permitirá confiscar los bienes inmuebles de millones de personas desplazadas que no pueden ingresar al país.
Según la ley, que expone a Al Assad a la presión de la opinión pública internacional, los propietarios de los bienes inmuebles en las regiones controladas por el régimen deberán presentar sus escrituras en los lugares correspondientes para la declaración de bienes en 30 días.
Pero el régimen no solo ha hecho algunos cambios para aplicar dicha ley sino también para romper la presión de la comunidad internacional.
Según la información entregada por la agencia de noticias del régimen SANA, Bashar al Assad firmó el domingo una resolución que prevé un cambio en algunos de los artículos de la Ley número 10. Con el nuevo reglamento, el período de declaración para los propietarios de inmuebles se incrementó de 30 días a 1 año.
Human Rights Watch (HRW), en uno de sus estudios publicado el mes pasado, informó que el régimen había confiscado las propiedades de los civiles que habían sido desplazados a través de la implementación de la Ley número 10 y había impedido el acceso a estos.
En una declaración escrita de HRW, se afirmó que el régimen había impedido ilegalmente el retorno de los civiles desplazados a sus propiedades.
Ley número 10
En abril, el régimen de Bashar al Assad aprobó una ley que permitiría la confiscación de los bienes inmuebles de millones de refugiados sirios.
De acuerdo con la ley, que se conoce como "Número 10", las personas con bienes inmuebles podrían otorgar a sus familiares un poder legal si no pueden presentar su título a las autoridades relevantes o si no pueden ofrecerlos personalmente.
Así, el régimen dio la impresión de proporcionar a los civiles la posibilidad de preservar sus bienes, sin embargo, el objetivo principal era apoderarse de la casa, el lugar de trabajo y otros bienes inmuebles de las personas a quienes consideran sus enemigos.
Los que están fuera del país no tienen a nadie para entregar sus escrituras y como resultado, se desarrollan desalojos forzosos. Los propietarios no pueden otorgar poderes en los lugares donde no tienen a nadie quien pueda declarar bienes.
No es posible que los sirios que se han visto obligados a emigrar al extranjero o al otro extremo del país proporcionen documentos y se presenten a las instituciones oficiales del país durante la guerra civil que lleva siete años.
El régimen apunta a dejar sin dueño a los bienes inmuebles de las personas desplazadas. Así, con una reestructuración administrativa, se confiscarán los bienes de los afectados por la guerra.
*Carolina Zúñiga contribuyó con la redacción de esta nota.
