Santiago Serna Duque
21 Junio 2018•Actualizar: 21 Junio 2018
Por: Santiago Serna Duque
En vísperas de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el Gobierno de Estados Unidos había decidido retirase del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en medio de las críticas hechas por la comunidad internacional contra las políticas migratorias de “tolerancia cero”.
Dicha iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, permitió que cerca de 2.000 niños fueran separados de sus padres indocumentados en EEUU y, a su vez, reavivó el debate acerca de lo nociva que puede ser una decisión catalogada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, como “inhumana”.
En ese sentido, el profesor de economía de la Universidad de Rutgers (New Jersey), Arturo Osorio, le dijo a la Agencia Anadolu que la llamada política de “tolerancia cero”, tiene efectos negativos en la economía local y nacional de Estados Unidos, además de golpear directamente la estabilidad de las familias con múltiple estado migratorio.
“Las medidas migratorias del Gobierno Trump han puesto barreras para el desarrollo de negocios de migrantes. En este país se está impidiendo que los pequeños comerciantes extranjeros tengan acceso directo a algunos de los recursos estatales. Por otra parte, los requerimientos de documentación para obtener un crédito bancario son desmedíos y la persecución contra los trabajadores ha concebido un fenómeno de movilización interna”.
Existen empresarios de origen inmigrante en Florida y el sur de Estados Unidos que prefieren desplazarse a estados del norte donde existen ‘ciudades santuario’ (aquellas que se resisten a compartir con las instituciones nacionales el estatus migratorio de las personas bajo su custodia) o lugares en los que la libertad del manejo de identidad permite realizar contrataciones de mano de obra sin mayores complicaciones.
Según el profesor Osorio, en promedio por cada negocio abierto en EEUU hay 4.5 personas sin estatus migratorio definido. La persecución aupada por Trump en las calles y negocios americanos en el sur del país también ha afectado notoriamente el flujo de divisas y a las economías locales.
Osorio añadió que: “en muchos casos los abusos por parte de los patrones contra sus trabajadores no son reportados, porque las denuncias carecen de una figura jurídica que permita responder de forma positiva a estos reclamos. En diferentes ocasiones el primer delito a perseguir no es el abuso laboral, sino la situación legal del individuo. Las autoridades consideran que la infracción de cruzar la frontera sin documentos preside a un delito de explotación laboral”.
La cuota de promesas persecutorias hechas por Trump antes de asumir el poder a comienzos del 2016 -ahora puestas en marcha- ha creado un pánico colectivo en las familias con múltiple estado migratorio que les obliga a esconderse en sus hogares.
“En los estados donde hay políticas de ‘tolerancia cero’ los padres impiden que sus hijos vayan a las escuelas para evitar que los menores sean separados de sus hogares. Ellos no saben que el no tener documentos de residencia o tránsito es un delito menor que no amerita la naturaleza de la penalidad que el Gobierno estipula”, explicó Osorio.
En otra orden, las políticas de “tolerancia cero” hacen que se recrudezcan los casos de autodeportación, un fenómeno en el que el migrante asume que no es bienvenido en EEUU y automáticamente regresa a su nación de origen.
Estados como Nueva York y Nueva Jersey están ofreciendo el pago garantizado de servicios migratorios para los indocumentados. Así, algunas autoridades buscan combatir el éxodo interno de individuos con estatus no definido.
El estado de Nueva Jersey aprobó hace pocos días una legislación llamada Colegiatura para "Dreamers" con la que se pretende que estos jóvenes tengan los mismos derechos y trato que los estudiantes documentados. “Con este tipo de medidas se reafirma que la mayoría estamos con los indocumentados y que es barbárico creer que se puede expulsar a todos los migrantes del país”, dijo el docente de la Universidad de Rutgers.
Cabe destacar que Estados Unidos es una federación en la que cualquier estado es autogobernable en la medida que no contradiga la Constitución del país.
Pese a que hay una política de expulsión muy grande, el profesor Osorio aseguró que el Estado no tienen la capacidad de capturar a los 11.1 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos y alegó que esa idea es “un absoluto disparate”.
El experto en economía de la Universidad de Rutgers consideró que un análisis llevado a cabo por la American Action Forum, que subraya que la estrategia de deportación masiva tomaría 20 años y tendría un costo total entre USD 420.000 millones y USD 620.000 millones, se quedaría corto.
“Sin haber revisado los números del American Action Forum, creo que esta cifra no es exacta porque no está considerando que la población de indocumentados seguirá subiendo y, en los próximos años, habrá una alta tasa de natalidad generada por los migrantes. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, el 3,6% de la población no puede ser deportada”.
Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha efectuado numerosas redadas en los últimos meses y ordenó arrestar a personas ilegales donde antes no se hacían como en los templos religiosos, cortes públicas y hospitales. Pese a estos operativos, las cifras de deportados a países latinoamericanos aun son insignificantes.
El profesor Osorio concluyó que “la reducción en la tasa de migración ilegal hacia los Estados Unidos no depende del éxito de las deportaciones masivas, sino de las políticas sociales que hacen menos deseable el ingreso a este país”.
